Movilización social y proceso constituyente

Por Maya Fernández Allende

Aunque sea obvio, hay que decirlo, el acuerdo por una nueva Constitución fue posible por el estallido social y sus movilizaciones. Fue la manera en que se superó el bloqueo que la derecha mantuvo desde el retorno a la democracia. Una manera costosa y trágica para el país.

Por ello, creo que el acuerdo es una conquista de la movilización ciudadana, esto es un hecho importante que es necesario valorar, tiene su fuente de legitimidad en una ciudadanía cansada de la injusticia social y el abuso de los poderes económicos. Pese a la cultura individualista que fomenta el neoliberalismo, el pueblo chileno adquirió un grado de conciencia que permito apuntar al entramado institucional que sustenta el orden desigual de nuestra sociedad.

El acuerdo político para crear una nueva Constitución en democracia es sin duda un paso crucial para avanzar en las transformaciones que nuestro país necesita.

Es consecuencia de un proceso que se inició hace tiempo, que estaba allí como demanda desde el inicio de la transición y que fue adquiriendo fuerza con los años.

Sin duda es un hito histórico que transforma el escenario del conflicto constitucional para encausarlo por una resolución democrática. Con el acuerdo pasamos a otra etapa, iniciamos ahora una disputa política por los contenidos de la nueva Constitución.

La movilización social ha interpelado al sistema democrático.

La ciudadanía en las calles, con toda su épica, nos dio una lección a los políticos, toda esa rabia acumulada por chilenos y chilenas que vivían el abuso y que no pudimos enfrentar, nos está pasando la cuenta en la forma de una aguda desligitimización de la institucionalidad política. Tomemos nota de esto para la construcción de la futura Constitución: excluir a la ciudadanía de las grandes decisiones de la vida nacional conlleva un conflicto político y social que pasa por encima de las instituciones y sus actores, amenazando la estabilidad del sistema democrático.

La ciudadanía ha sido la protagonista de este proceso, nadie puede pretender arrogarse su representación.

El movimiento social de estos días es amplio y diverso, pues concentra a sindicatos, gremios, estudiantes, pueblos originarios, movimiento feminista y una gran masa de trabajadores y trabajadoras sin domicilio político que salieron a las calles impulsados por el descontento.

La mejor manera de enfrentar el discurso conservador de derecha de que las demandas sociales no se resolverán con una nueva Constitución es justamente, en paralelo al proceso constituyente, avanzar en una Agenda Social potente que enfrente las desigualdades de nuestra sociedad: pensiones dignas, incremento real del salario mínimo, reforma tributaria, salud pública, precio medicamentos, deudores CAE.

La posibilidad de desarrollar esta agenda está ligada a que la movilización ciudadana mantenga sus demandas.
Existen temas pendientes que es necesario abordar para que el proceso constituyente vaya adquiriendo mayor legitimidad y pueda involucrar a una diversidad social que tradicionalmente no está representada adecuadamente. Hay que instalar la paridad de género en el órgano constituyente, incluir cuotas para pueblos originarios, asegurar mecanismos efectivos de elegibilidad de delegados independientes de los partidos políticos, voto obligatorio, ampliar el padrón electoral a los jóvenes e involucrar al movimiento social en el proceso suprimiendo las inhabilidades existentes.

La disputa política por una nueva Constitución ha entrado en una nueva fase que recién comienza, por lo que es imprescindible que la ciudadanía se mantenga movilizada, en la calle, cabildos y el proceso electoral.

No podemos dejar de acumular fuerza para sostener un proceso constituyente participativo, que refleje la diversidad de Chile y afronte los serios problemas sociales que tiene nuestro país.

Es imperativo que el pueblo siga siendo el protagonista de su presente y futuro.

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