La indispensable reforma a Carabineros

Escribo esta columna mientras las redes sociales están atiborradas con noticias y comentarios sobre Anthony Araya, el joven de 16 años que fue lanzado por un funcionario de Carabineros desde el puente Pío Nono al lecho del río Mapocho, resultando con un tec cerrado, politraumatizado y con riesgo vital, todo ello ante la mirada y la inacción del resto del piquete de policías que actuaban reprimiendo a las y los manifestantes que, a esa hora, se agrupaban en el puente y sus alrededores. Todo esto, bajo el contexto de las movilizaciones sociales que agitan Chile desde el estallido del 18 de octubre del 2019.

Este hecho, lejos de ser uno “aislado”, como suelen calificarlo los encargados de comunicaciones de la institución, se enmarca en una seguidilla de irregularidades y abusos cometidos por la policía uniformada. En efecto, este hecho se suma a casos como los vividos por Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, que perdieron la visión producto de disparos de escopeta y bombas lacrimógenas efectuados por Carabineros.  Además, se suma el caso de Óscar Pérez, el joven aplastado por dos carros policiales. Con todo, son 460 personas con graves consecuencias oculares, entre muchos otros apremios ilegítimos. También se agregan a esta triste lista, los cuantiosos desfalcos del dinero público asignado para el funcionamiento de la institución, entre ellos, los llamados “Paco Gate”, las “Gift Card” para uniformes, el fraude con las salas cunas en Temuco, entre otros eventos que han permitido que miles de millones de pesos del erario de la Nación hayan ido a parar a los bolsillos de algunos de quienes enarbolan el lema “Orden y Patria”.

Asimismo, es frecuente escuchar de los abusos de Carabineros en procedimientos de detención de imputada/os, de detenciones ilegales e incluso arbitrarias -como el caso de la ciudadana detenida por no respetar la cuarentena mientras iba a denunciar un delito de violación en su contra o los montajes para culpar a inocentes como la “Operación Huracán”, o para obstruir la acción de la justicia como en los casos de homicidio de Camilo Catrillanca o de Jaime Mendoza Collío.

Este comportamiento inescrupuloso e ilegal por parte de quienes deben resguardar el cumplimiento de la ley por parte de la/os ciudadana/os, ha ido creciendo al amparo de la impunidad y falta de control civil, como también producto del respaldo irrestricto que todas las autoridades le han dado a la institución, tanto en la justificación de sus hechos delictivos como en sus solicitudes de reformas legales para “facilitar” su tarea de persecución del delito (lo vemos en cada una de las leyes que dieron más facultades a carabineros en desmedro de los derechos ciudadanos). En consecuencia, hoy nos encontramos con una policía uniformada que opera con el convencimiento de que sus hechos delictivos quedarán impunes, y si, eventualmente existe alguna condena, ella será de una baja cuantía, tal como lo han resuelto en muchas ocasiones los tribunales de justicia, dejando entrever que pertenecer a la institución de Carabineros de Chile fuese una circunstancia que atenúa la responsabilidad. Dicho esto, es necesario reformar, desde sus bases, a la policía uniformada, con el fin de convertirla en una institución que controle el orden público eficientemente, sin violar los derechos humanos; en una que investigue y no se limite sólo a los delitos que sorprende en forma flagrante.  Es decir, en una que investigue para detener y no que detenga para investigar y; en una donde no existan espacios para la corrupción y mal uso de recursos destinados a la seguridad pública. De esto, se tendrá que dar cuenta a través de los futuros proyectos de ley que se discutan en el Congreso.

A propósito del debate constitucional que se avecina, sería necesario normar que Carabineros de Chile, como institución de orden y seguridad y al igual que las Fuerzas Armadas, estén sometidas al control civil, tanto en sus mandos como en su presupuesto, debiendo poder ser objeto de auditorías y control cruzado en todas sus áreas de acción y ejecución presupuestaria. En efecto, ningún peso del erario nacional ni procedimiento administrativo de Carabineros debiese quedar sin poder ser fiscalizados por la Contraloría. De esta manera, el legislador debiese tener claro que toda facultad que se le entregue a la policía uniformada y que tienda a restringir derechos de los ciudadanos, tal como el control de identidad preventivo, por ejemplo, debiese ir acompañado de medidas de control eficaces que impidan abusos, como la obligación de videograbar todos los procedimientos policiales bajo pena de nulidad del procedimiento y sanciones administrativas o penales para el caso de no hacerlo o de adulterar la grabación.

Las autoridades y la ciudadanía debiesen tener muy presente que las policías no están formadas por superhéroes inmaculados y exentos de todo mal, por lo que entregar respaldos irrestrictos y a ciegas es un muy mal camino, como ya ha quedado demostrado, y que lo único que de verdad genera instituciones eficientes y libres de corrupción es la transparencia y el control civil independiente.

Francisco Alvarado Sandoval

Abogado

Magister en Derecho Penal

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