Ante el rechazo al Acuerdo de Escazú, aprobemos una constitución ecológica

Supuestas ambigüedades, problemas en la redacción, inconsistencias con la legislación chilena y la amplitud del tratado, son algunos de los argumentos que el gobierno de Chile ha dado para no firmar el Acuerdo de Escazú. Este conjunto de explicaciones, sin sustento técnico, dejan entre ver la falta de voluntad política para avanzar de manera sustantiva en una democracia ambiental y se demuestra, una vez más, que el gobierno de Sebastián Piñera vive en otra dimensión. No comprenden que progresar en políticas de transparencia, participación y justicia ambiental no es algo antojadizo de este acuerdo, sino que es coherente con el compromiso – al que Chile está suscrito – de implementar el principio 10 de la declaración de Río (2012) que plantea la importancia de asumir compromisos respecto a la gobernanza y democracia ambiental. Otro elemento que demuestra que este gobierno vive en otra dimensión, es que no considera que organismos como la OCDE, la ONU, la Cepal, incluso, el Banco Mundial, han señalado que la manera de abordar los asuntos ambientales es considerando la participación de la sociedad civil y de quienes estén interesada/os en avanzar en una sociedad sostenible.

Si bien en Chile, bajo el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se implementó la conocida “Nueva Institucionalidad Ambiental” – en la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia, el Servicio de Evaluación Ambiental, se incorporaron los tribunales ambientales y, también, se promulgó una legislación en materia de transparencia y de acceso a la información – resulta urgente incorporar mayores estándares debido a que la crisis climática nos obliga a ser mucho más ambiciosa/os pues el tiempo es oro. Dicho esto, surgen un sinfín de preguntas sobre los argumentos que el gobierno entrega para no firmar el Acuerdo de Escazú y mientras más leemos, dialogamos y analizamos, resulta incomprensible su tozudez que, a mi parecer, es una decisión política para salvaguardar los intereses de la inversión del sector privado. ¿Cómo puede ser “ambiguo” garantizar el derecho a informarnos y participar en proceso de toma de decisiones ambientales?, ¿cuál es la impertinencia de mejorar nuestra justicia ambiental?, ¿puede ser más claro querer proteger a dirigentas y dirigentes que luchan por la protección del medio ambiente? El espíritu de Escazú es considerar el derecho ambiental como un derecho humano y también comenzar a dialogar sobre los derechos de la naturaleza.

Desde la academia, el mundo de la política y el progresismo, organismos internacionales, organizaciones, activistas y, en general, la gran mayoría de la sociedad civil tiene un interés porque se mejore su calidad de vida. ¿Quién, además del gobierno, no quiere vivir en un medio ambiente sano? Vemos día a día casos en Chile y América Latina sobre conflictos socio ambientales, problemas de salud por contaminación que sufren niñas y niños (como en Quinteros y Puchuncaví), vemos muertes de dirigente/as, vemos las consecuencias del calentamiento global y cómo afectan a nuestro ecosistema y a sectores vulnerables de la población, y podríamos seguir con una larga lista de problemas graves que causa la crisis climática. El presidente Piñera en la ONU dice tener una preocupación por el cambio climático, no obstante, en la práctica vive en una dimensión desconocida sumergiéndose en la más peligrosa inercia.

Chile, teniendo la posibilidad de ser pionero en esta materia, fue sometido a la irresponsabilidad y retroceso, porque para el gobierno los intereses de unos poco prevalecerán siempre, es su ideología, es su política. Como no compartimos esa visión, llamamos a seguir instalando en la agenda pública la importancia de este acuerdo, pero también la necesidad de aprobar una constitución ecológica, es decir, contundente en materia medio ambiental, con principios claros para que seamos soberanos sobre nuestros recursos naturales, tengamos derecho al agua ya que es un bien de supervivencia, se consideren los derechos de la naturaleza, como también se garantice un entorno adecuado para quienes promuevan proteger el medio ambiente y se pueda avanzar hacia un modelo de desarrollo sustentable y sostenible, por lo tanto, aunque nos rechacen Escazú, nosotros aprobamos una constitución ecológica.

Camila Carrasco H.

Presidenta Fundación La Alameda

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Administradora Pública de la Universidad de Santiago de Chile y ex vicepresidenta de Federación de Estudiantes de la misma institución. Diplomas en liderazgo transformacional para la Educación Superior Unesco-Universidad de Santiago de Chile y de Análisis Político de la Universidad de Chile. Máster (c) en investigación de Políticas Públicas y miembro del laboratorio de políticas públicas comparadas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flacso sede Ecuador. Compiladora del libro: “Chile y el cambio climático: Pensar globalmente, actuar localmente”. Representante de Chile como “Young Global Changers, Global Solutions Initiative” del año 2019.

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