Gratuidad en la educación superior, el blindaje de un derecho social ante la crisis económica

La paralización de la actividad productiva no solo ha provocado una mayor cesantía y suspensión del empleo como efecto inmediato, sino que además ha puesto en evidencia la activa presencia de la informalidad del trabajo, invisibilizada hasta este momento en nuestro país. Es la población de riesgo de esta crisis económica, que lejana de los seguros de cesantía, de las licencias médicas y/o capacidad de endeudamiento, provocan que las medidas de cuarentena sean poco efectivas ante la necesidad de trabajar para responder a un prioridad que es la alimentación. El hambre y la inseguridad es una amenaza latente en los sectores más vulnerables del país, evidenciando la primera expresión de un modelo agrietado donde los derechos sociales están condicionados a las reglas del mercado y sus volatilidades. Más acelerado serán los efectos con los niveles de desigualdad que nos caracteriza como país. 

En este ámbito, la salud y el trabajo son los derechos sociales que se deberán atender con mayor urgencia en el corto y mediano plazo, sin embargo, aún no se estiman los efectos de la crisis económica en otros derechos sociales de relevancia para el futuro de la sociedad, como es la educación de calidad. 

En forma inmediata, la conectividad a internet y la disponibilidad de equipamiento tecnológico para garantizar la educación a distancia no es posible, nuestro país aún presenta brechas digitales que afectan a las familias más vulnerables del país y que actualmente no tienen acceso a internet que soporte estas nuevas plataformas de enseñanza. Más problemática es la experiencia en la educación básica y media, que requiere la participación de los padres y/o madres para asegurar el aprendizaje. En esta línea, a pesar de que el estado garantiza una educación gratuita en estos dos tramos, las brechas digitales y las condiciones de estudios terminarán perjudicando la calidad de la enseñanza de los estudiantes más vulnerables. Al respecto, pareciera ser que la transformación digital del estado y el aumento de la conectividad a nivel nacional parecieran ser parte de los desafíos estratégicos que deberán atenderse con mayor celeridad por parte del Gobierno ante la prolongación de las medidas preventivas y distanciamiento social. 

En el caso de la educación superior, si bien las brechas digitales han sido abordada por las instituciones a través diversos programas de apoyo al estudiante, lo que ha permitido avanzar en el desarrollo de sus programas, solo las entidades con mayor estabilidad financiera podrán sostener estas medidas en el mediano plazo. Los gastos asociados a licencias para el uso de software que facilitan el teletrabajo y educación online; y los beneficios estudiantiles de equipamiento y conectividad, en la inmediatez se convierten en considerables gastos no contemplados en el flujo operacional del año. Sin embargo, a pesar de estos nuevos costos, la principal amenaza para las instituciones a raíz de la crisis es el efecto en la capacidad de pago de los aranceles por parte de los estudiantes afectados y que actualmente no cuentan con beneficios estatales. Son los excluídos del 60% de cobertura de la educación gratuita y/o aquellos que pertenecen a instituciones no adscritas al beneficio.  

Al respecto, ya se han presentado los primeros síntomas de estrés. Al año 2019 los estudiantes matriculados en el sistema de educación superior alcanzaron 1,2 millones, donde el 53% cuenta con el beneficio de gratuidad (Fuente: CNED). Para este año 2020 ya se han otorgado 94.240 nuevos beneficios de gratuidad, sin embargo, a propósito del estallido social y la pandemia,  aún es incierto los efectos en las matrículas y solicitudes del beneficio estatal para el año 2021. 

Lo que ya es un hecho, es que a las 53 instituciones adscritas al sistema de financiamiento de la gratuidad para el año 2020, en este primer semestre cinco nuevas entidades han solicitado acceder al beneficio estatal (2 Universidades, 2 CFT y 1 IPS) aportando 64 mil nuevos estudiantes con la posibilidad de postular al beneficio, lo que podría significar una inyección de 47 mil millones de dólares adicionales para el próximo año solo por este concepto (MINEDUC). 

El alcance de la crisis económica y sus efectos en la profundización de la desigualdad del país aún es una incertidumbre. Lo que es una certeza que el aumento de la cesantía afectará a familias actualmente en situación de vulnerabilidad, sin contemplar las nuevas familias que se sumarán a esta condición. Al respecto, ¿Quienes serán los nuevos excluidos del 60% de gratuidad? Podemos suponer que en un país donde el 10% de los chilenos concentra casi el 70% de las riquezas (Cepal,2019), no existirán diferencias gravitantes entre los deciles más próximos al tramo de asignación. Serán familias igualmente vulnerables. 

Respecto a este escenario, a diferencia de la alimentación, la educación no podrá ser cubierta con canastas familiares, pero tampoco puede ser cubiertas a través del sobre endeudamiento de las familias, sería un retroceso a los avances obtenidos respecto a un derecho social  y los niveles de equidad alcanzados en la materia. En esta línea, ha surgido un proyecto de ley orientado a la prórroga del pago de los aranceles para los estudiantes afectados por la pandemia, medida que aliviaría la carga para miles de familia, sin embargo, si esta medida no cuenta con una inyección de recursos de parte del estado a las entidades afectadas, llevará a las instituciones de educación superior que concentra un alto porcentaje de estudiantes vulnerables a un situación de crisis ante la falta de liquidez para enfrentar los nuevos desafíos de la educación superior.

 Ante este escenario, ¿se debería contemplar un aumento en la cobertura de la gratuidad en la educación superior? y ¿se deberán contemplar recursos adicionales a instituciones que deben atender con beneficios estudiantiles las brechas digitales y de conectividad existentes en su comunidad?. Al respecto, las medidas anunciadas por el Gobierno demuestran todo lo contrario, la apertura de la postulación extraordinaria al Crédito con Aval del Estado anunciada por el gobierno, es un retroceso respecto a la actual protección de un derecho fundamental que es garantizado a través de la Ley de Financiamiento a la Gratuidad por la lógica del endeudamiento. Al respecto, el Gobierno deberá responder cuales son los criterios que llevarán a 130 mil posibles estudiantes beneficiados a endeudarse y cuales son sus diferencias respecto a quien actualmente cuenta con el beneficio de la gratuidad.

Por Felipe Salgado, Administrador Público, Fundador FLA

Compartir

Agregar un comentario